lunes, 2 de enero de 2017

RECUENTOS DE UN AÑO AGITADO… QUE TRAERÁ MUCHAS SECUELAS

Reflexiones Peruanas N° 640
Escribe Wilfredo Ardito Vega

Enero
Comienzo de una campaña electoral sin escrúpulos: en el Callao, unos sujetos que realizaban pintas para el partido aprista matan al vigilante Germán Ramírez. Curiosamente, el crimen no despertó mayor interés en la opinión pública.

En el Cusco, el campesino Daniel Huayta muere durante un charaje o enfrentamiento ritual a pedradas que cada año llevan a cabo las comunidades de Canas. 

La única razón por la que estas prácticas tan violentas no se prohíben es el desinterés por la vida de los campesinos, disfrazado bajo el “respeto por la identidad cultural”.
La Municipalidad de San Juan de Lurigancho promulga una nueva Ordenanza contra la discriminación, mejorando la anterior.

Febrero
El Ministerio de Educación aprueba el alfabeto oficial del idioma urarina, que se habla en varias provincias de Loreto. Los esfuerzos en materia de educación bilingüe intercultural continúan durante el año.

En su último día en el cargo, el Ministro de Educación promulgó el Plan de Educación Bilingüe que será presentado por su sucesora.

RENIEC comienza a emitir actas de nacimiento, matrimonio y defunción en idioma wampís, sumándose así al aymara, el jaqaru y el awajún.

El gobierno declara en emergencia la zona de Datem del Marañón afectada por los derrames petroleros, pero el problema se repetirá durante todo el año, originando fuertes protestas de la población indígena.

Marzo
Por diferentes motivos, quedan apartados de la carrera electoral los candidatos que tenían más posibilidades de hacer frente a Keiko Fujimori: César Acuña y Julio Guzmán.

Otro candidato, Gregorio Santos, es mantenido en una prisión preventiva irregularmente prolongada.

Un efecto inesperado de las cuestionables decisiones de los organismos electorales es que se amplían las posibilidades de Verónika Mendoza y el Frente Amplio.

Zarpan de Iquitos los barcos PIAS, que llevarán a médicos, agentes del Banco de la Nación, registradores de RENIEC y otros funcionarios estatales a las comunidades de los ríos Morona, Napo y Putumayo.

Los barcos PÍAS son una de las numerosas medidas sociales que promovió el gobierno de Humala y que fueron sistemáticamente invisibilizadas por los medios de comunicación.

Por fin son liberados los campesinos Javier Mamani y Edwar Quispe, quienes fueron golpeados para obligarlos a incriminarse durante los enfrentamientos en Las Bambas, ocurridos el año anterior.

La empresa china MMG que ahora administra el proyecto continúa afectando las tierras de las comunidades campesinas, sin que las autoridades tomen mayores medidas.
Abril

En las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori pasa a la segunda vuelta con Pedro Pablo Kuczynski, quien estuvo seguido muy de cerca por Verónika Mendoza.

En el Congreso, pese a que los fujimoristas obtienen el 36% de los votos, logran tener 73 de 130 congresistas, gracias a polémicas reglas electorales.

Dos días antes de las elecciones, ocho integrantes de las Fuerzas Armadas y dos conductores civiles mueren en un ataque subversivo en el VRAEM. 

Mueren 23 pasajeros que viajaban en un ómnibus de CIVA de Puerto Maldonado al Cusco. Días después mueren otras 24 personas que viajaban en un ómnibus de Estrella Polar a Cerro de Pasco.

Máxima Acuña recibe el Premio Goldman en Estados Unidos, pero al regresar a Cajamarca vuelve a sufrir diversas agresiones por parte de personas vinculadas a la empresa Yanachocha.

Sin embargo, quienes ejercen violencia contra la mujer pueden ser también comuneros: tres mujeres son azotadas y golpeadas por integrantes de una comunidad asháninka que las acusan de brujería.

Se estrena La Última Noticia, una de las películas más fidedignas sobre el conflicto armado.

Los Gobiernos Regionales de Huánuco y Piura aprueban sus  Ordenanzas contra la discriminación

Mayo
Se informa sobre numerosos crímenes violentos e impactantes como asesinatos de universitarios para robarles celulares y asaltos a ómnibus en zonas residenciales.

Algunos suspicaces creen que estos hechos buscan generar conmoción social y elevar las posibilidades de Keiko Fujimori. La suspicacia aumenta cuando este tipo de delitos desaparecen al terminar la campaña electoral.

Otras cuarenta personas mueren en nuevos accidentes de tránsito, esta vez en el norte del país. En uno de los casos, se trataba de campesinos que viajaban en un camión para cobrar los subsidios del programa Juntos.

Pese a la reiterada negativa del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial dispone que se acumulen las reparaciones para las víctimas de la violencia política, que han sufrido varias afectaciones. Meses después, con el régimen de Kuczynski, la posición del Ministerio sería mucho más cercana a los derechos humanos.

Decenas de escolares de un colegio de Nepeña (Ancash) sufren desmayos y serios problemas respiratorios debido a la irresponsable fumigación ordenada por el Grupo Gloria.

Al finalizar el año, INDECOPI sancionará a esta empresa por engañar al público vendiendo falsa leche deslactosada

Luego de al menos diez años de intentos infructuosos, por fin la Municipalidad Provincial del Cusco aprueba su Ordenanza contra la discriminación.

Junio
Numerosos adultos mayores, que no habían votado en la primera vuelta, participan en la segunda vuelta electoral.  Su voto será crucial para evitar el triunfo de Keiko Fujimori.  De hecho, ese es el principal motivo de la mayoría de votantes del Presidente electo Pedro Pablo Kuczynski.

En Usquil, La Libertad, la construcción de una carretera al borde de una laguna genera la protesta de los campesinos. En los violentos enfrentamientos con la policía mueren ahogados dos policías, Dany Gutiérrez y Moisés Abenzur y quedan más de diez campesinos heridos.

La Municipalidad de Nueva Requena (Ucayali) incorpora carteles en shipibo en calles y locales públicos. Hacia fines de año hará lo mismo la Municipalidad de San Juan Bautista (Loreto)

El Presidente Humala promulga la Ley 30470, Ley de Búsqueda de las Personas Desaparecidas. Al finalizar el año, será promulgado el Plan de Búsqueda. 

Jorge Benavides pretende relanzar el Circo de La Paisana Jacinta en Cajamarca, pero enfrenta las protestas de las integrantes de las rondas campesinas y el rechazo del Colegio de Abogados, la Defensoría del Pueblo y la Universidad Nacional de Cajamarca. Benavides cancela sus últimas presentaciones y suspende sus planes para trasladar a otras ciudades su espectáculo racista.

Por quinto año consecutivo se realizan múltiples actividades en todo el Perú por el mes de la cultura afroperuana

Julio
El Consejo Nacional de la Magistratura anuncia que los candidatos a fiscales y jueces en lugares donde el quechua sea predominante, deberán acreditar el manejo de dicho idioma, mediante un examen oral.

En sus últimos días en el poder, Ollanta Humala toma varias decisiones importantes para los sectores tradicionalmente discriminados: suscribe el Plan Nacional para el Desarrollo Afroperuano que incluye mecanismos para enfrentar problemas en la educación y el empleo y promulga el Reglamento de la Ley de Lenguas, que permitirá la presencia de los idiomas indígenas en la administración estatal.

Se publica también el Reglamento de la Ley para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Grupo Familiar (D.S. 009-2016-MIMP).

Sin embargo, Humala también indulta a Silvana Buscaglia, pese a la agresión racista que cometió contra un policía, lo cual constituye un penoso precedente.

Coincide también con el fin del gobierno de Humala la liberación de Gregorio Santos, después de más de dos años de prisión preventiva, una medida desproporcionada que tenía mucho más de represalia política.

La Municipalidad de Chosica publica su Ordenanza contra la discriminación

Agosto
Primeros días del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Su estilo informal e irreverente en un principio considerado positivo, pero luego genera preocupación.

Más preocupación causa la poca firmeza frente a la mayoría fujimorista en el Congreso.

Ante los sucesivos escándalos por las penas benévolas que reciben los agresores de mujeres, se convoca la masiva movilización Ni Una Menos, que se realiza en muchas ciudades Los testimonios que muchas mujeres comparten reflejan la magnitud del problema en el Perú. La Ministra de Salud dispone que se vuelva a distribuir gratuitamente la píldora del día siguiente.

El nuevo Ministro del Interior Carlos Basombrío denuncia dramáticamente que en tiempos de Humala estuvo operando un escuadrón de la muerte en la policía, pero luego baja el tono al no tener pruebas.

Lo sorprendente es que no menciona que en el 2008 más de cincuenta personas fueron asesinadas en Trujillo a manos del escuadrón que comandaba el oficial Elidio Espinoza, actual alcalde de dicha ciudad.

TV Perú y Radio Nacional pasan al Ministerio de Cultura. El nuevo director Hugo Coya anuncia que habrá pronto noticieros en quechua.

La Municipalidad de Nuevo Chimbote aprueba su Ordenanza contra la discriminación
Septiembre

Luego de 31 años son condenados los militares que mataron a 69 campesinos en Accomarca. Dos de los que se encuentran prófugos, Juan Rivera Rendón y Vicente Chupán serán capturados en octubre. 

Walter Gutiérrez es elegido como Defensor del Pueblo con los votos del fujimorismo y de parte de la bancada del PPK.

La crisis de la institución se hace evidente a la semana siguiente, con el silencio de Gutiérrez frente a la prepotente detención de Pier Paolo Marzo, representante de la Defensoría en Huánuco.

Numerosos funcionarios y comisionados renuncian en las siguientes semanas. Por la detención de Marzo, tampoco se produce ninguna disculpa desde el Ministerio del Interior.

El Ministro Basombrío visita Trujillo y se reúne con el alcalde Elidio Espinoza en medio de protestas de los familiares de las personas asesinadas por el escuadrón de la muerte.

Por primera vez un hombre andino y bajo de estatura, el diseñador Elliot Túpac, aparece en la publicidad de Saga Falabella. En noviembre, Ripley pretenderá hacer un esfuerzo similar, mostrando por pocos segundos a Inés Melchor en un comercial, como hizo antes con Ángela Leyva. Sin embargo, es la tienda peruana Oeschle la que mantiene su enfoque publicitario más racista.

Un incendio destruye el valioso patrimonio de la iglesia San Sebastián. La empresa de agua del Cusco demoró varias horas en permitir que los bomberos tuvieran agua.
El Ministerio de Justicia reabre el Registro Único de Víctimas, cerrado arbitrariamente en años anteriores.

Nuevamente una mujer blanca de clase alta, Carmen Obando agrede con violencia a un policía de rasgos andinos, Hans Ricra. Pese a que lo abofeteó y lo pateó, recibió una sanción sumamente benévola, siguiendo el precedente Buscaglia de tolerancia hacia las agresoras racistas.

Octubre
El campesino Quintino Cereceda muere asesinado por la policía en la protesta de Las Bambas.

Ante la amplia cobertura de los medios de comunicación y la condena generalizada, por primera vez, un Ministro del Interior rechaza abiertamente la violencia policial contra una movilización social y anuncia una investigación.

Tres bomberos mueren en un incendio en los almacenes del Ministerio de Salud en El Agustino. El siniestro parece vinculado a las denuncias por corrupción.

Ronald Navarro, Alcalde de Paimas (Ayabaca) es asesinado mostrándose nuevamente los dramáticos niveles de inseguridad existentes en Piura. Al parecer, en el crimen estarían involucrados traficantes de tierras.

La PUCP y el Vaticano solucionan sus diferencias, dejando fuera de la Universidad al cardenal Cipriani.

Entretanto, Raúl Chau, uno de los obispos más cercanos a Cipriani aparece involucrado en el escándalo de corrupción protagonizado por el ex asesor presidencial Carlos Moreno.

Se impide salir de Lima a Walter Muñoz, representante del Arzobispado. 

Noviembre
La negativa del Alcalde Castañeda a reubicar a los shipibos que viven en Cantagallo tiene consecuencias trágicas: la zona es devastada por un terrible incendio, que causa también la muerte del niñoLuis Miguel Clavijo.

Llegan a Cantagallo muchas donaciones de la población y al mes siguiente el Presidente Kuczynski anuncia que tendrán viviendas dignas en la misma zona donde viven. 

El Decreto Legislativo 1246 dispone que ya no se necesita DNI vigente para actos civiles, comerciales, administrativos, notariales, registrales, judiciales o policiales.

Muere en Pataz (La Libertad) el campesino Pedro Valle por acción policial, en una protesta contra la contaminación causada por la empresa minera Horizonte. 

A diferencia de Quintino Cereceda, en este caso no se produce mayor despliegue mediático o político, ni respuesta desde el Ministerio del Interior.

Son asesinados Teodomiro Baca, alcalde de Pión (Chota, Cajamarca) y Fermín Caro, Fiscal Superior de San Martín, en Moyobamba.

En una sentencia fundamental la Corte Superior de Puno señala el Ministerio de Energía y Minas no puede realizar concesiones mineras sobre territorios de comunidades campesinas sin cumplir con la Ley de Consulta Previa.

Cuatro empleados de los cines UVK mueren durante un incendio ocurrido en el local de Larcomar. Al parecer dos de los fallecidos no estaban en planilla, para evitar cumplir con sus derechos laborales. La empresa los llamaba “colaboradores”.

RENIEC empieza a imprimir actas de nacimiento, matrimonio y defunción en idioma shipibo.

Diciembre
Violentos incidentes en Huaycán originados por los rumores sobre traficantes de órganos. La policía reprime de manera arbitraria y desproporcionada, causando la muerte de la señora María Eva Solano y deteniendo a  una humilde recicladora.

La policía detiene a 34 personas, muchas de ellas sin relación con los disturbios. Son golpeados, torturados y condenados a nueve meses de prisión preventiva. Apenas cuatro de ellos son liberados al finalizar el año.

Clodomiro Landeo y Marisol Mena comienzan a conducir Ñuqanchik, el primer noticiero en quechua en la televisión nacional. El Ministerio de Cultura lanza también su Observatorio de Medios y Diversidad.

El acuerdo de Saramurillo termina por el momento con la crisis que mantuvo en vilo a la Amazonía durante varios meses.

La muerte de 12 policías que eran transportados para controlar una protesta social demuestra el pésimo estado de las carreteras en Apurímac.

Se agrava la crisis en la Defensoría del Pueblo con el cese de decenas de comisionados. 4 trabajadores que protestan sufren vergonzosas represalias, pero son repuestos en sus   puestos debido a la presión de la opinión pública. Crecen las voces en la sociedad civil para que Walter Gutiérrez renuncie, pero parece altamente improbable.

martes, 27 de diciembre de 2016

¿QUIÉN DEFIENDE A LOS DEFENSORES?

Escribe: Wilfredo Ardito Vega
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El viernes 22 participé, en la Plazuela de San Pedro, en una protesta para exigir el respeto a los derechos de las personas.   Lo curioso era, que en este caso, quien vulneraba dichos derechos no era un autoritario Ministro del Interior o una empresa extractiva sin escrúpulos, sino el Defensor del Pueblo y las víctimas eran los trabajadores de la propia Defensoría.   
Esta lamentable historia comenzó el seis de setiembre, cuando el Congreso de la República eligió como Defensor al abogado Walter Gutiérrez, quien ha sido Decano del Colegio de Abogados y director de la revista Gaceta Jurídica, pero carece de experiencia en materia de derechos humanos, más aún frente a un candidato con la trayectoria de Samuel Abad.   
Para que Gutiérrez alcanzara los votos que le permitieron asumir el cargo,  fue clave que a la mayoría fujimorista se sumara la bancada de PPK.    Apenas si cinco congresistas de esta agrupación, entre ellos Alberto De Belaúnde y Gino Costa, se abstuvieron frente a un candidato tan inadecuado.  También se abstuvo Guido Lombardi, quien denunció que en el 2009 Gutiérrez abandonó la comisión investigadora sobre la tragedia de Bagua y expresó muchos temores sobre el futuro de la Defensoría.
Los meses que siguieron le han dado la razón.  Desde que Gutiérrez asumió la Defensoria del Pueblo, ha realizado nombramientos tan cuestionables como el suyo, entre ellos José Elice, ahora Primer Adjunto.  Élice no solamente ha sido asesor de congresistas fujimoristas, sino que dirigió la entidad Reflexión Democrática, que buscaba promover los intereses de las empresas mineras en el Congreso.   
Igualmente, es preocupante el nombramiento de Delia Muñoz, como Jefa del Gabinete. La trayectoria de esta abogada no está vinculada a defender a los ciudadanos, sino al Estado, como hizo en el caso de Bagua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Al mismo tiempo, muchos valiosos funcionarios se han sentido tan hostilizados que han debido retirarse, quedando seriamente afectadas áreas como las que enfrentan temas constitucionales y derechos indígenas.   Hasta la propia Jefa de Administración ha renunciado debido al maltrato contra el personal.
Hace pocos días, sin mayor explicación, se anunció que no se renovaría el contrato a cuarenta trabajadores en diferentes oficinas.   Ello motivó a los trabajadores a realizar una protesta a nivel nacional el miércoles 21.  Al estilo defensorial tradicional, lo hicieron en la hora de refrigerio, para no incumplir con sus obligaciones.   Y al día siguiente, al estilo defensorial actual, a catorce de los que protestaron se les indicó que tampoco se les renovaría su contrato.    
Esta evidente represalia generó mucha indignación y por ello se convocó la nueva protesta del viernes.  Esa mañana, allegados a Gutiérrez recorrieron las oficinas amedrentando al personal diciendo que quienes participaran serían “los siguientes”.   Sin embargo, media hora antes del plantón, los catorce fueron convocados para decirles que se retrocedía en la medida.   Probablemente, Gutiérrez se dio cuenta que había ido demasiado lejos.   Igualmente, se realizó la protesta, con presencia de tres congresistas,  Alberto De Belaúnde, Indira Huilca y Marisa Glave.  
Estas arbitrariedades, además, muestran la gran precariedad que origina la condición de CAS para los trabajadores estatales.  Precisamente quejarse frente a un abuso implica mayor posibilidad de sufrir represalias.   Hace unos meses, conocí a varias víctimas de acoso sexual en una respetable entidad estatal, pero ninguna quiso denunciar los hechos por temor a perder su trabajo y los dos acosadores continúan laborando muy campantes.
Es lamentable que en estos tres meses, además, Walter Gutiérrez se haya mantenido muy distante de los trabajadores. Si realmente le interesa la Defensoría, debería conversar con ellos y aprender así sobre el derecho a la consulta previa, la lucha contra el racismo, los derechos de la población LGTB o los conflictos sociales, es decir los problemas que la Defensoría ha enfrentado en los últimos años y que para él no son tan importantes.  Lejos de ello, su gestión ha guardado silencio frente a situaciones tan graves como las torturas en Huaycán y ni siquiera cumplió con presentar el Informe Anual Defensorial haciendo el ridículo frente al mismo Congreso que lo había elegido. 
Basta mirarle la cara, con esa soberbia, ese aire de desprecio, para darse cuenta que no es defensor, sino enemigo
Si Gutiérrez creía que la Defensoría era una oportunidad para afianzar su carrera política, debería darse cuenta que está en el lugar equivocado: la fortaleza de la Defensoría del Pueblo está en su autoridad moral y él la ha perdido con sucesivos errores. Además, también puede originar que la institución pierda parte de su austero presupuesto: la cooperación internacional, que ha ayudado mucho al financiamiento de la Defensoría, puede recapacitar sobre apoyar a una entidad que se pronuncia sobre la marihuana como si fuera una grave violación a los derechos humanos y pide que se investigue el tráfico de órganos.
Personalmente, creo que lo mejor para el país sería que Gutiérrez renuncie, pero quienes lo conocen creen que es imposible.   Solo queda entonces seguir defendiendo a la Defensoría… del arbitrario Defensor.

lunes, 26 de diciembre de 2016

Los criminales recluidos en Punta Peuco

Escribe Germán Westphal

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El absurdo debate relativo a los criminales recluidos en Punta Peuco que se ha instalado en el país confunde y enmaraña dos cuestiones de perogrullo diferentes: una es la confesión, el arrepentimiento y el perdón en nombre de una divinidad y otra es la confesión cabal y arrepentida ante un tribunal de justicia para contribuir al esclarecimiento de los crímenes cometidos, lo que habida consideración del tribunal puede ameritar una atenuación de la pena aplicable al inculpado.

La una no tiene nada que ver con la otra pues ellas pertenecen a ámbitos completamente distintos: la primera al de la fé y la segunda al de la ley penal. Y así, como la ley penal no puede tener injerencia en las confesiones religiosas, las confesiones, arrepentimientos y perdones religiosos no pueden tener ninguna injerencia en la aplicación de la ley penal.

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De este modo, a través de la historia, son innumerables los criminales arrepentidos que acompañados de un ministro de fe, han terminado en el patíbulo. La religión es independiente de la aplicación de la justicia y viceversa. Ambas deben ser respetadas en sus respectivos ámbitos, sin que la una deba inmiscuirse en la otra.

Además de lo anterior, hay un hecho en extremo importante que hay que tener en cuenta y al cual no se le ha prestado debida atención en el debate en cuestión. En efecto, aunque los crímenes son siempre de responsabilidad personal, los recluidos en Punta Peuco consumaron los suyos en calidad de agentes del Estado de la República de Chile, violando la protección que como tales le debían a la ciudadanía y usando los recursos e infraestructuras de sus instituciones, a fin de colaborar con la represión que sometió al país por 17 años al terrorismo de Estado. Éste y no otro es el fondo del asunto.

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Los reclusos en Punta Peuco no son criminales de menor cuantía, en nada homologables a los presos comunes como algunos pretenden, sino que lisa y llanamente son terroristas de Estado —la categoría más execrable, deleznable, vil, infame y cobarde de todos los terrorismos pues se ampara y cobija en el poder del aparato del Estado mismo.

Algunos de ellos habrían sido ahorcados en Nuremberg junto a sus superiores jerárquicos ya muertos que, como muertos de mierda en las palabras de Mario Benedetti, bien muertos están.

Que esta última afirmación refleja bronca, no cabe ninguna duda —una bronca vastamente compartida por muchos, perfectamente legítima y justificada y en nada descalificable.

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Punta de Peuco ¿Resort 5* o Cárcel para Genocidas?

Con todo, lo importante no es la bronca sino que la justicia que se ha aplicado por los tribunales independientes de la República de Chile —una justicia que debe ser respetada y prevalecer. Lo contrario sería convertirla en mofa, incluso para los tribunales mismos y todo el trabajo que éstos han tenido que realizar para establecer la verdad judicial, sin contar para nada con las confesiones ni el arrepentimiento de los inculpados, hoy presos rematados en Punta Peuco —los terroristas que asolaron al país por 17 años usando el aparato del Estado y los recursos de todos los chilenos, balas y corvos incluidos.